El 30 de marzo pasado tuvo lugar el evento anual de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay (SOMPU), en el local del Colegio Médico del Uruguay. El tema central de dicho evento fue el proyecto de Ley de Eutanasia actualmente en discusión en el  Parlamento, y muy particularmente el impacto que tendría esa ley en la práctica asistencial de los oncólogos.

El evento fue dirigido por la Dra. Nora Artagaveytia, presidenta de SOMPU. Al inicio de la actividad, el Sr.  Alain Mizrahi, CEO de la consultora Grupo RADAR, presentó los resultados de una encuesta que realizó  su empresa entre todos los oncólogos miembros de SOMPU entre febrero y marzo de 2023. Como  expositores participaron el Dr. Juan Fagúndez, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del  Uruguay y el Dr. Oscar Cluzet consejero nacional del Colegio Médico del Uruguay y presidente del  Comité de Ética. El Dr. Fagùndez expuso qué implicancias legales podría tener esta ley para los médicos  que pudieran estar involucrados y el Dr. Oscar Cluzet comunicó la posición del Colegio Médico sobre  esta temática. Luego de las exposiciones se dio lugar a la participación e intercambio con el auditorio.

La encuesta fue respondida online en forma totalmente anónima por 108 de los 119 oncólogos, lo cual  constituye una tasa de respuesta extraordinariamente alta (91%). A continuación, presentamos los  principales resultados del estudio:

  • Solo un 27% de los oncólogos declara estar familiarizado con el proyecto de ley, 54% lo leyó “por  arriba” o le “han contado algo”; 18% no lo conoce nada o casi nada. 
  • El proyecto de ley establece que cualquier persona “que padezca una o más patologías o condiciones  de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida,  causándole sufrimientos que le resulten insoportables” tiene derecho a solicitar la eutanasia. 14%  está totalmente de acuerdo en que cualquier persona puede solicitarla, 33% totalmente en  desacuerdo (51% entre quienes han evaluado en detalle el impacto de la ley). Casi la mitad no tiene  una opinión totalmente formada (“algo” de acuerdo o “algo” en desacuerdo).  
  • 27% de los oncólogos opina que solo el médico tratante puede evaluar si el sufrimiento del paciente  es insoportable, y otro 29% que puede evaluarlo también otro médico de la misma especialidad. Solo un 7% opina que puede evaluarlo cualquier médico.  
  • 73% afirma que no dispone en su lugar de trabajo del tiempo ni de las condiciones para valorar  adecuadamente un pedido de eutanasia. 
  • El proyecto de ley de eutanasia establece que la misma puede ser solicitada por cualquier persona “mayor de edad y psíquicamente apta” pero no especifica quién determina si la persona es “psíquicamente apta”. Un 70% de los oncólogos está totalmente de acuerdo en que la aptitud  psíquica del paciente para solicitar la eutanasia debe ser evaluada por un especialista en salud  mental. 
  • 63% de los oncólogos está totalmente de acuerdo en que el paciente deba ser evaluado y valorado  obligatoriamente por el comité de ética asistencial, lo cual no está previsto en el proyecto de ley;  solo un 7% está totalmente en desacuerdo. 
  • El proyecto de ley de eutanasia establece que el MSP debe ser informado posteriormente al  procedimiento. La mitad de los oncólogos opina que el MSP debe ser informado ANTES del procedimiento (66% entre quienes han evaluado en detalle el impacto de la ley), y 29% afirma que  está bien que sea informado DESPUES. 
  • El proyecto de ley establece que en el certificado de defunción de quien solicite la eutanasia “se  indicará la causa básica de la muerte y además se hará constar que la eutanasia fue su causa final. A  todos los efectos, la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural". Un 69% de los  oncólogos está en desacuerdo con que la eutanasia sea considerada como muerte natural en el  certificado de defunción.  
  • El proyecto de ley establece que quien solicite el procedimiento de eutanasia deberá hacer constar  su voluntad “por escrito ante dos testigos, de los cuales uno, por lo menos, no haya de recibir  beneficio económico alguno a causa de la muerte del declarante”. Un 57% de los oncólogos no está  de acuerdo en que al menos uno de los testigos sí reciba un beneficio económico a causa de la  muerte del paciente, 18% está de acuerdo y 25% no sabe. 
  • Finalmente, un 92% de los oncólogos está totalmente de acuerdo con que sea obligatorio para todos  los centros de salud ofrecer asistencia de un equipo de cuidados paliativos. 
Investigaciones